Seguro de responsabilidad civil profesional en Madrid

El seguro de responsabilidad civil profesional cubre el riesgo de que un profesional tenga que indemnizar a un tercero por un hecho previsto en el contrato. En Madrid solo es obligatorio para las actividades a las que una ley se lo impone, como las profesiones sanitarias en ejercicio privado o la correduría de seguros. Para el resto, contratarlo es una decisión del profesional.

¿Qué es el seguro de responsabilidad civil profesional?

Es un seguro de responsabilidad civil aplicado al ejercicio de una profesión. La Ley 50/1980, de Contrato de Seguro (LCS), define este seguro así: el asegurador cubre el riesgo de que nazca a cargo del asegurado la obligación de indemnizar a un tercero por un hecho previsto en el contrato (LCS, art. 73).

De esa definición salen dos ideas prácticas. La primera es que solo se cubren los hechos que el contrato prevé, y siempre dentro de los límites pactados (LCS, art. 1). La segunda es que cubre lo que el asegurado deba indemnizar a otros, no sus propios daños.

La acción directa del perjudicado

El tercero perjudicado tiene acción directa contra la aseguradora del profesional: puede reclamarle a ella (LCS, art. 76). Por eso conviene saber qué aseguradora cubre la póliza y cómo se gestionan las reclamaciones.

¿Qué profesiones tienen la responsabilidad civil profesional obligatoria en Madrid?

Solo las que tienen esa obligación en una ley concreta. Un seguro obligatorio solo puede establecerse «mediante normas con rango de Ley» (Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, disposición adicional 2.ª). Estos son los casos verificados en la normativa estatal y de la Comunidad de Madrid:

• Profesionales sanitarios en ejercicio privado y entidades privadas que presten servicios sanitarios: «vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera» (Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, art. 46).
• Sociedades profesionales: «deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad» (Ley 2/2007, de sociedades profesionales, art. 11.3).
• Mediadores en asuntos civiles y mercantiles: deben suscribir un seguro o una garantía equivalente que cubra su responsabilidad civil (Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, art. 11.3).
• Corredores de seguros: deben tener un seguro de responsabilidad civil profesional o una garantía financiera de al menos 1.564.610 euros por siniestro y 2.315.610 euros al año (Real Decreto-ley 3/2020, que regula la distribución de seguros, art. 157.1.g). Son las cuantías vigentes desde el 9 de octubre de 2024.
• En la Comunidad de Madrid, entidades privadas colaboradoras urbanísticas: seguro de responsabilidad civil de al menos 1.000.000 de euros (Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, art. 167 ter).
• En la Comunidad de Madrid, titulares de locales y establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas: seguro de incendio del local y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros (Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, art. 6.3).

La lista no agota todas las actividades posibles. Para cualquier otra, la comprobación se hace en el registro oficial que se explica más abajo.

El caso de la abogacía

El Estatuto General de la Abogacía tipifica como infracción grave la falta de seguro «cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía [...] así esté prevista por ley» (Real Decreto 135/2021, art. 125.t). Los colegios pueden organizar el aseguramiento obligatorio «cuando legalmente se establezca» (RD 135/2021, art. 68.i). El Estatuto no impone por sí mismo una responsabilidad civil obligatoria al abogado individual: remite a lo que diga una ley.

¿Cómo comprobar si una actividad exige seguro de responsabilidad civil?

La vía oficial es el Registro de Seguros Obligatorios del Consorcio de Compensación de Seguros. Recoge los seguros obligatorios estatales y autonómicos, junto con la norma que impone cada uno. La comprobación se puede hacer así:

• Buscar la actividad en el registro, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
• Si aparece, abrir la norma que impone el seguro y leer el artículo concreto: a quién obliga, qué riesgo debe cubrir y si fija un mínimo de cobertura.
• Revisar también la norma sectorial de la actividad, porque es la que fija las condiciones y, en su caso, el régimen sancionador propio.
• Si no aparece en ninguna de las dos fuentes, contratarlo pasa a ser una decisión de gestión del riesgo.

La Ley de Contrato de Seguro tenía un artículo que permitía al Gobierno fijar seguros de responsabilidad civil obligatorios. Está derogado desde el 1 de enero de 2016 (LCS, art. 75). Por eso la referencia actual es siempre una ley concreta.

¿Qué pasa si se ejerce sin el seguro de responsabilidad civil obligatorio?

Con carácter general, es una infracción muy grave. Ejercer careciendo del seguro obligatorio se sanciona con multa de 1.000 a 20.000 euros, salvo lo que diga la normativa específica de la actividad (Ley 20/2015, disposición adicional 2.ª).

Hay regímenes propios. En la Comunidad de Madrid, no tener el seguro exigido a los locales de espectáculos y actividades recreativas es una infracción grave (Ley 17/1997, art. 38.1).

¿Qué condiciones de la póliza de responsabilidad civil conviene leer?

Las que la ley deja a lo que se pacte, porque son las que definen qué se paga y qué no. El asegurador indemniza «dentro de los límites pactados» (LCS, art. 1), así que los límites por siniestro y por año, los hechos cubiertos y las exclusiones son el centro de la póliza.

Las cláusulas limitativas de derechos deben destacarse «de modo especial» y ser «específicamente aceptadas por escrito» (LCS, art. 3). El siniestro se comunica en un plazo máximo de siete días desde que se conoce, salvo que la póliza fije uno mayor (LCS, art. 16). La póliza fija su duración, con prórrogas de hasta un año, y el tomador puede oponerse a la prórroga con un mes de antelación (LCS, art. 22).

¿Qué preguntar a una correduría sobre la responsabilidad civil profesional en Madrid?

Conviene preguntar primero por la obligación legal y después por las condiciones. Estas preguntas no sirven para elegir un producto, sino para entender lo que se firma:

• Si mi actividad tiene la responsabilidad civil obligatoria, qué ley la impone y en qué artículo.
• Si esa ley fija un mínimo de cobertura y cómo lo cumple la póliza, por siniestro y por año.
• Qué hechos de mi actividad están previstos en el contrato y cuáles quedan fuera (LCS, art. 73).
• Qué cláusulas limitativas tiene la póliza, dónde están destacadas y cuáles tengo que firmar (LCS, art. 3).
• Cómo se gestiona una reclamación cuando el perjudicado se dirige directamente a la aseguradora (LCS, art. 76).
• Qué plazo da la póliza para comunicar un siniestro y con qué antelación hay que oponerse a la prórroga (LCS, arts. 16 y 22).
• Con qué registro está inscrita la correduría y cuál es su propio seguro de responsabilidad civil, que debe constar en su publicidad (RDL 3/2020, art. 158).

La guía cómo comprobar la clave de la DGSFP explica dónde verificar la inscripción. Si la actividad se ejerce como autónomo, la página sobre seguros para autónomos separa lo obligatorio de lo voluntario y lo que ya cubre la Seguridad Social.